Jupol denuncia que las ONGs aconsejan a los inmigrantes decir que son gays para evitar su expulsión
Continúa la avalancha de pateras en Almería: llegan 380 inmigrantes ilegales en menos de 72 horas
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Almería ha recibido 1.371 inmigrantes y 112 pateras sólo en septiembre, casi el doble que en ningún otro mes del año. Es la provincia española a la que más embarcaciones ilegales han llegado en 2021 y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) no dan abasto. Esta misma semana, se han enfrentado a la llegada de casi 400 inmigrantes en apenas 72 horas.
El coordinador nacional de pateras del sindicato policial Jupol, Héctor Gómez, denuncia que la situación se ha vuelto «insoportable». Los agentes están sobrepasados y los inmigrantes quedan libres cada vez más rápido para no colapsar el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Almería. Y la seguridad ciudadana se tambalea cada vez que hay una avalancha: los efectivos policiales no están en las calles, se encuentran custodiando inmigrantes.
El apoyo institucional brilla por su ausencia y las ONGs complican la crisis. En declaraciones a OKDIARIO Andalucía, el agente Gómez advierte de que estas organizaciones enmascaran su labor haciendo «negocio». Se entrevistan con ellos y les trasladan un mensaje claro, que digan que «son gays y que proceden de un país en guerra para no ser expulsados» y así permanecer en suelo español por «razón humanitaria».
«Puedo entender que en una patera con 50 personas a lo mejor hay tres, cuatro o cinco homosexuales, pero no los 50. Es cierto que muchas de estas solicitudes se deniegan porque no tienen recorrido, pero consiguen que se ralentice todo el proceso. Hay ayuntamientos con pocos escrúpulos que los empadronan sin documentación alguna, lo que justifica la posterior tarjeta de residencia», señalan desde Jupol.
«El problema es que las ONGs están subvencionadas. Cruz Roja recibe dinero del Estado por la atención de pateras. Cuantas más pateras atienden, más dinero ganan. Y se convierten en parte de la red clientelar», constata. Además, la orden que desde Madrid les permite entrevistarse con inmigrantes «nunca se da por escrito porque sería ilegal» al romperse la cadena de custodia.
El sindicato de Policía recalca que «a un detenido tiene acceso la brigada correspondiente, los compañeros de calabozo o el abogado, pero no puede ir su madre a llevarle un bocadillo ni su hermano a verlo ni una ONG a preguntar si se encuentra bien o si necesita algo. Eso no se hace con los detenidos comunes, pero con las pateras sí. Y la cadena de custodia no se debe romper hasta que pase a disposición judicial».
«Son intereses creados a raíz de las subvenciones pero yo no entro en ese juego y, como policía, hago que se cumpla la Ley. Bajo mi custodia, no dejo a las ONGs entrevistarse con nadie», apunta. Unas reuniones que se prolongan durante dos horas y que han tenido que modificarse por seguridad. «Antes se abrían las celdas para que accediesen las chicas de las ONGs, pero alguna vez se han llevado un susto. Ahora la entrevista se hace desde fuera, con uno o dos policías presentes para que no pase nada», detalla el agente Gómez.
Pasividad de los jueces ante las mafias
Preguntado por una solución al respecto, el sindicato policial señala a jueces y medios de comunicación. Los primeros, para que «dejen de mirar hacia otro lado». La prensa, «porque hay mucha falta de información».
«Los jueces tienen que hacer algo, no es normal que al identificar a los ocupantes de una patera veamos que la persona en cuestión ya ha venido a Almería cinco veces en lo que va de año. Si viene cinco veces es que es paterista, es parte del negocio. Porque aquí no se expulsa a nadie. Vienen para luego volver a Argelia y traer a más gente. No huyen de ningún sitio», denuncian. A pesar de la evidencia de delito de tráfico de seres humanos, la Justicia en ocasiones lo permite.
A todo ello hay que sumar que los procedimientos de expulsión de inmigrantes ilegales están paralizados por la pandemia. «Argelia tiene las fronteras cerradas para impedir volver a los inmigrantes, pero no las cierra para que no salgan. Habría que preguntar a Europa qué pasaría si España niega la entrada a su país a su propia gente, porque eso es lo que están haciendo Argelia y Marruecos en el ultimo año y medio».
Por si fuera poco, desde Jupol alertan de que los citados países aprovechan para quitarse de encima a los ciudadanos más conflictivos: «Nos consta que han abierto prisiones para vaciarlas y meterlos en una patera. Y cada vez vienen inmigrantes más violentos y más agresivos».
A pesar de que se les toman las huellas dactilares a su llegada, resulta «imposible» hacer todas las gestiones de identificación de 300 personas en dos días. «Se nos han colado yihadistas y paramilitares. Y vamos a tener un problema muy grande en España en los próximos 8-10 años. Luego te enteras por la prensa de que han detenido a uno que pasó por aquí y que estaba en busca y captura en no sé cuántos países», lamenta.
Las pateras, sólo una parte del negocio
Las FCSE son conscientes de que la inmigración ilegal es sólo una rama de del árbol criminal de las mafias. «Esto es un negocio multiservicios muy bien montado», subraya el agente Gómez. La llegada de pateras se concentra en un punto concreto de la costa, desde Almería y hasta la frontera con Murcia. ¿El motivo? «Las pateras entran por un lado y la droga por otro», advierte. La Guardia Civil focaliza su trabajo en la recepción de embarcaciones ilegales, están desbordados y las mafias lo saben. Toda la zona costera de la provincia se queda sin agentes y la seguridad ciudadana se torna inasumible.
El perfil de los inmigrantes ilegales es, es su mayoría, de origen argelino. «Son gente sin cualificación ninguna, vienen sin nada. No son ingenieros ni médicos ni mecánicos. Y esa gente tiene que comer. ¿Y de qué van a comer? Pues de robar, porque no todo el mundo recibe ayudas. Y claro, hay gente en grupos robando móviles, agrediendo a gente, metiéndose en peleas, pegando palizas a indigentes. La inseguridad en Almería va a ir escalando continuamente, porque cada vez hay mas delincuentes en la calle y menos agentes», recalcan desde Jupol.
«La mayoría de detenidos en esta ciudad por robos, agresiones y malos tratos son extranjeros. Cuando los vecinos nos describen los autores de los hechos dicen que van con chándal y capucha. Ésa es la ropa que les da Cruz Roja cuando llegan. Y las descripciones coinciden: joven de entre 18 y 30 años y aspecto magrebí», continúa el agente Gómez.
Y la preocupante presión migratoria en Almería esconde cifras aún peores. «Antes, entre un 20 y un 25% de las pateras que llegaban no se interceptaban. Ahora estamos ya entre el 40 y el 50%. Es decir, si en esta avalancha han llegado casi 400 personas, calculamos que habrán llegado otras tantas pateras con otros tantos argelinos. La Guardia Civil nos avisa de grupos de personas, mojadas y con bolsas, que se dirigen a barrios concretos de Almería», apunta. Por su parte, el servicio 112 de Emergencias recibe llamadas de vecinos alertando de inmigrantes deambulando por las calles. Días después, las embarcaciones vacías aparecen en calas y playas remotas y de difícil acceso.
Y mientras languidece el despliegue policial en la provincia por la falta de medios, las mafias se refuerzan al otro lado del Estrecho. «Las pateras de argelinos suelen ser bastante pequeñas, de entre 10 y 15 personas como mucho. Pero esta última avalancha han llegado ya varias pateras de 25-30 ocupantes. Y al final nos encontraremos con pateras de 60-70 inmigrantes, como las utilizadas por subsaharianos. Y todas seguidas», avisan.
Además de incrementar su capacidad, las pateras aumentan en frecuencia. «Hace 10 o 12 años venían de junio a octubre, ahora vienen durante todo el año. La brigada de seguridad ciudadana está trabajando al 200% de su capacidad y la gente está muy cansada física y psicológicamente», lo que provoca que los agentes soliciten traslados a otras ciudades y plantillas o a tareas administrativas. «Les gusta la Policía, les gusta el uniforme, pero no quieren tener este problema días tras día», asegura el agente Gómez. Un problema que se traslada a Canarias, Baleares, Murcia o Alicante. La presión migratoria aprieta pero también ahoga.